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15/01/2026
Cuatro años después de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), su implantación real y homogénea sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema de protección a la infancia en España. Así lo constata el segundo informe de seguimiento presentado por la Plataforma de Infancia, que analiza el grado de desarrollo de la ley desde su entrada en vigor y alerta de las carencias estructurales que impiden que los derechos reconocidos se conviertan plenamente en garantías efectivas para niñas, niños y adolescentes.
Desde las Plataformas Sociales Salesianas, este análisis se recibe como una llamada a reforzar el compromiso colectivo con la prevención de la violencia, la creación de entornos seguros y el acompañamiento educativo, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad social.
Aprobada en 2021, la LOPIVI supuso un hito en la historia reciente de la protección a la infancia y la adolescencia en España. Por primera vez, se estableció un marco legal integral que aborda la violencia desde una perspectiva preventiva, comunitaria y basada en derechos, superando enfoques fragmentados o meramente reactivos.
La ley refuerza la detección temprana, la formación de profesionales, la coordinación entre administraciones y la creación de nuevas figuras de protección, implicando de manera transversal a ámbitos clave en la vida de niñas, niños y adolescentes: educación, justicia, sistemas de protección, ocio educativo, deporte y espacios comunitarios. Todo ello con un objetivo claro: situar a la infancia en el centro y garantizar su derecho a crecer libre de violencia.
El informe reconoce que, en estos cuatro años, se han producido algunos avances normativos y administrativos. Sin embargo, subraya que el desarrollo de la LOPIVI es todavía incompleto y desigual entre territorios, lo que genera importantes diferencias en el nivel de protección según la comunidad autónoma.
Uno de los principales retos identificados es la falta de coordinación efectiva entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, así como la ausencia de marcos comunes que orienten la implantación de la ley. Esta situación dificulta que las medidas previstas se traduzcan en prácticas coherentes y sostenidas en todo el territorio.
Un aspecto especialmente preocupante que destaca el informe es el desconocimiento generalizado de la LOPIVI entre niñas, niños y adolescentes. Muchas personas menores de edad desconocen sus derechos frente a la violencia, así como los canales y figuras a las que pueden acudir en situaciones de riesgo.
Desde una mirada socioeducativa, esta realidad pone de manifiesto la necesidad de reforzar las acciones de sensibilización, educación en derechos y participación infantil, así como de asegurar que los entornos en los que se desarrolla la vida cotidiana de la infancia cuenten con protocolos claros y referentes accesibles y visibles.
A nivel estatal, el informe alerta de la ausencia de sistemas estructurales previstos en la propia ley, como los registros que permitirían contar con datos fiables y comparables sobre la violencia ejercida contra la infancia. Sin información sólida, resulta difícil dimensionar el problema y diseñar políticas públicas eficaces y sostenibles.
En el ámbito judicial, aunque se reconocen avances en materia de justicia adaptada, las medidas implantadas siguen siendo parciales y limitadas a determinados territorios. El informe señala que no se ha consolidado una perspectiva específica de infancia ni un enfoque integral de derechos, lo que reduce el alcance real de la protección que la LOPIVI pretende garantizar.
El análisis autonómico refleja grandes diferencias en el ritmo y profundidad de la implantación de la LOPIVI. Especial atención merecen los centros de protección, donde la infancia tutelada presenta mayores niveles de vulnerabilidad. En la mayoría de comunidades autónomas siguen faltando protocolos integrales de prevención y la figura del referente de protección aún no se ha desplegado de forma efectiva.
Estas carencias se reproducen en otros ámbitos fundamentales para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. En el ocio educativo y el tiempo libre, la implantación de medidas protectoras es todavía limitada. En el ámbito educativo, la figura de coordinación de bienestar y protección presenta importantes carencias, tanto en definición como en recursos.
Las Plataformas Sociales Salesianas, a través de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS), junto con la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco (CONFE), forman parte activa de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) a nivel estatal. Esta participación constituye la representación del ámbito salesiano en uno de los principales espacios de incidencia política y social en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en España.
Desde este trabajo en red, las entidades salesianas contribuyen al seguimiento de la LOPIVI, al análisis crítico de su desarrollo y al impulso de políticas públicas que garanticen entornos seguros y protectores, alineando la acción socioeducativa cotidiana con la incidencia estructural.
Desde la incidencia social y política de CEPSS se insiste en que la LOPIVI solo alcanzará su verdadero sentido si se traduce en medidas concretas, recursos suficientes y una implantación real y homogénea en todos los territorios y ámbitos donde se acompaña a la infancia y la adolescencia.
El enfoque preventivo, el acompañamiento cercano y la construcción de espacios seguros, propios del carisma salesiano, refuerzan cada día la necesidad de pasar del marco normativo a prácticas reales que sitúen a niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones que afectan a sus vidas.
Desde la Plataforma de Infancia y las organizaciones que la integran se hace un llamamiento a las administraciones públicas para avanzar de forma decidida en la implementación plena de la LOPIVI, garantizando que su desarrollo normativo y práctico sea coherente con los derechos de la infancia y la adolescencia.
Proteger a la infancia no es solo una obligación legal: es una responsabilidad colectiva, que se construye desde el trabajo en red, la prevención, la educación y el compromiso socioeducativo diario.
Más información: Informe de seguimiento de la LOPIVI 2025