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24/10/2025
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación Derecho y Discapacidad han celebrado en la agencia Servimedia un diálogo institucional sobre los 'Primeros desarrollos del nuevo artículo 49 de la Constitución', año y medio y después la reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
Un encuentro que ha servido para analizar los próximos pasos legislativos necesarios para fortalecer los derechos, la autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad.
Moderado por el director de información de Servimedia, Pablo A. Iglesias, ha contado con la participación de la directora general del Imserso, Mayte Sancho; el presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno; y los diputados Violante Tomás (Partido Popular), Noemí Santana (Podemos) y Emilio Sáez (Partido Socialista Obrero Español).
Luis Cayo Pérez Bueno subrayó que “la reforma constitucional no era una estación de llegada, sino el punto de partida de un proceso de cambios hacia el futuro”, y recordó que los nuevos mandatos de inclusión, autonomía personal, entornos universales accesibles y atención específica a mujeres y niñas con discapacidad “deben traducirse de forma inmediata en modificaciones concretas en las leyes”, en particular en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Añadió que “las personas con discapacidad necesitamos apoyos, pero queremos poder elegir esos apoyos y configurarlos según nuestros deseos y preferencias”.
Por su parte, Mayte Sancho destacó que “hay que facilitar que las personas sigan viviendo en su entorno y en su casa, que es donde lo desean”, y subrayó que el momento actual representa “una oportunidad para transformar las residencias tradicionales en entornos más hogareños, centrados en la autonomía y las preferencias de las personas”.
Durante el diálogo se recordaba que la reforma constitucional fue “un punto de partida, no de llegada”, y que ahora debe traducirse en normas que incorporen de manera explícita los principios de inclusión, autonomía personal, participación del movimiento social, atención específica a mujeres y niños y niñas con discapacidad, y accesibilidad universal.
También se insistió en la necesidad de armonizar la legislación con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Entre las medidas propuestas, se planteó reforzar la vida independiente y la desinstitucionalización con apoyos en el entorno, ampliar y flexibilizar los servicios a domicilio y la asistencia personal, compatibilizar prestaciones y servicios, simplificar la burocracia y abordar con decisión la accesibilidad en la vivienda, incluyendo la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para eliminar “la casa como prisión” por falta de ascensor o rampas u otras medidas adecuadas.
Asimismo, se reclamó transparencia y límites razonables en el copago, dado su peso en la financiación del sistema. En este contexto, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, subrayó que “nadie está pidiendo cerrar nada ni eliminar residencias, sino repensar los modelos para que cada persona pueda elegir cómo y dónde vivir, con apoyos suficientes y entornos accesibles”.
Añadió que “la elección vital no puede ser una imposición por falta de alternativas habitacionales inclusivas”, insistiendo en que la reforma debe garantizar diversidad de opciones y libertad personal.
Los representantes de PSOE, PP y Podemos coincidieron en que las leyes deben actualizarse conforme al nuevo artículo 49, aunque expresaron diferencias en torno a la financiación y al ritmo de implantación.
El diputado socialista Emilio Sáez valoró este proceso como “una oportunidad histórica de situar a la discapacidad en el centro de las políticas públicas, con una ley que sea fruto del consenso”, y subrayó que “el reto es que las nuevas normas se traduzcan en derechos reales y en una vida más independiente para las personas con discapacidad”.
Desde el Partido Popular, Violante Tomás señaló que “todo texto legal es mejorable, pero lo importante es que los derechos no se queden en papel y lleguen de verdad a las personas”, destacando que “el compromiso debe ser común: que ninguna comunidad autónoma se quede atrás en la atención a la discapacidad y la dependencia”.
En nombre de Podemos, Noemí Santana incidió en que “hay que garantizar que las leyes actuales se cumplan plenamente, con financiación suficiente y voluntad política”.
De cara al futuro, los participantes coincidieron en impulsar un texto legal “corregido y aumentado” en el trámite parlamentario, con enmiendas que afiancen derechos, garanticen la equidad territorial y concreten un modelo de apoyos personalizados a lo largo de toda la vida, incorporando nuevas formas de convivencia y vivienda con apoyos, también de carácter intergeneracional. Se defendió igualmente una cofinanciación suficiente y estable entre el Estado y las comunidades autónomas, con datos públicos y verificables, y la participación activa del tercer sector en su desarrollo.
El presidente del CERMI y de la Fundación Derecho y Discapacidad concluyó apelando a que la próxima reforma legislativa “sea una ley de país, no de gobierno”, y recordó que “el avance normativo solo tendrá sentido si mejora la vida real de las personas con discapacidad, permitiéndoles elegir cómo y dónde vivir, con todos los apoyos necesarios”.
Fuente: CERMI y Fundación Derecho y Discapacidad