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04/09/2025
Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el 4 de septiembre, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) presenta el ‘Estudio sobre los Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad física y orgánica’, del que se extrae la vulneración de derechos fundamentales de este grupo social y la necesidad de promover un cambio de mirada en el ámbito institucional, profesional y social.
Estos derechos, reconocidos internacionalmente como parte esencial del bienestar, la dignidad y la igualdad de oportunidades, siguen sin estar garantizados para muchas personas con discapacidad física y orgánica, que enfrentan obstáculos sistemáticos para acceder a la información, a la educación sexual, a servicios de salud accesibles, a decidir sobre su vida reproductiva o a vivir su sexualidad de forma libre, segura y autónoma.
El estudio, basado en historias de vida, entrevistas a expertas y análisis documental, muestra una falta de políticas públicas específicas y una discriminación estructural que se traduce en omisiones informativas, falta de accesibilidad, dinámicas de control familiar, ausencia de formación profesional, estigmas sociales y barreras físicas que limitan el ejercicio efectivo de estos derechos en todos los ámbitos de la vida.
“En muchas ocasiones, las personas con discapacidad física y orgánica no somos reconocidas como sujetos deseantes, autónomos o capaces de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y nuestra vida afectiva”, afirma la secretaría de Organización y comisionada de Mujer e Igualdad, Marta Valencia. “Esto no solo vulnera nuestros derechos, sino que perpetúa un modelo discriminatorio que excluye a nuestro grupo social del ejercicio de nuestra ciudadanía”, añade.
Los testimonios reales de personas con discapacidad y distintos contextos vitales que aparecen en el estudio, sirven para ilustrar que estos derechos han sido históricamente invisibilizados, condicionados o directamente vulnerados. Se trata de experiencias de exclusión, pero también de resiliencia y empoderamiento. “Queremos cambiar la narrativa, ya que la sexualidad no puede seguir siendo un tema tabú ni negado para las personas con discapacidad. Es parte de nuestra identidad y de nuestros derechos”, defiende Valencia.
Rosa, residente en el medio rural (Ourense), con 52 años y esclerosis múltiple, madre desde hace tres décadas, cuenta cómo, tras el diagnóstico, el personal médico le insistió en los riesgos que tenía quedarse embarazada, haciendo valoraciones personales totalmente fuera de lugar. “La única palabra fue: “Vamos a ponerte un DIU porque te puedes quedar en una silla de ruedas y después, ¿qué hace tu marido? Que tiene tres niños en vez de dos””, recuerda.
Arturo, con 32 años y osteogénesis imperfecta, residente en Madrid y perteneciente al colectivo LGTBIQ+, señala que tiene bastante aceptación de su propio cuerpo, pero incide en que es la sociedad quien le ha hecho sentir que tiene un cuerpo diferente y no válido. “Nunca lo he gestionado mal, el mayor drama lo han hecho los demás cuando me han hecho saber muy claramente que soy muy diferente”, relata.
María, con poliomielitis desde los dos años de edad, es madre desde hace 32 años actualmente tiene 63 y vive en un centro residencial en Alicante y narra cómo la buena voluntad del personal sanitario le permite superar las barreras ante la inexistencia de medios adecuados para ejercer sus derechos. “Cuando yo he tenido que hacerme la citología siempre he tenido que ir al hospital, porque aquí en el ambulatorio no lo podía hacer. Luego allí, podía entrar y como la camilla se puede bajar, acercaba la silla todo lo que podía y, si no, venía un enfermero y me ayudaba a subir”, explica.
Ante estas vulneraciones de derechos reflejadas en el estudio, COCEMFE reclama la incorporación explícita de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad física y orgánica en las políticas públicas de salud, educación y servicios sociales; formar a profesionales sanitarios, educativos y sociales en enfoques de discapacidad, género y derechos humanos; garantizar el acceso a información accesible, atención sexual y reproductiva inclusiva, y apoyos personalizados que respeten la autodeterminación.
“La salud sexual es un derecho humano fundamental. Las personas con discapacidad también tenemos derecho a amar, desear, decidir, formar familia y vivir nuestra sexualidad libremente y sin violencias”, remarca Valencia, que concluye que “el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad debe incluir todos los aspectos de la vida, también la sexualidad y la reproducción”.