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29/05/2025
La Fundación Derecho y Discapacidad, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y la Asociación Laborvalía llevaron a cabo, del 21 al 23 de mayo, el V Congreso Nacional y II Congreso Internacional de Derecho de la Discapacidad: la salud mental como cuestión de derechos humanos, en Ciudad Real. La ocasión propició el espacio para conferencias, ponencias, mesas de debate y comunicaciones científicas que se centraron en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La propuesta promovió el análisis sobre las políticas públicas, sanitarias, sociales y jurídicas desplegadas en el ámbito de la salud mental.
Durante el Congreso se escucharon presentaciones en directo, desde su sede, el Paraninfo Luis Arroyo de la Universidad de Castilla-La Mancha, y vía Teams. Las exposiciones se basaron en temáticas referidas no solo al ámbito jurídico, sino también a la importancia de un modelo de atención comunitaria, la inclusión, la perspectiva de género, el empleo y la centralidad de las voces en primera persona.
En el evento participaron unas 300 personas, entre la modalidad presencial y online. La propuesta contó con una audiencia diversa, incluyendo entre las y los asistentes a integrantes del movimiento asociativo, activistas, profesionales de la Psicología y la Psiquiatría, juristas y público general.
En este marco, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA -colaboradora en el evento, junto con otras organizaciones-, tomó parte significativa en el programa, mediante la coordinación de dos conversatorios: ‘Salud mental y derechos humanos en primera persona’ y ‘Respuesta jurídico-pública a los desafíos en materia de salud mental: Ley específica de Salud Mental, ¿sí o no?’.
Asimismo, llevó el sello de la Confederación la presentación de dos estudios de referencia: el ‘Informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’ y el ‘Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2024’.
“Es un Congreso que reconoce el momento y la necesidad de tratar, una vez más, los derechos de las personas con problemas de salud mental; genera aprendizaje, resultado de abordar temáticas diferentes -muchas, muy específicas-”, analiza Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA. Y señala: “Lo que verdaderamente importa es estar juntas y juntos, viendo que gente con conocimiento y currículum importante se preocupa por hacer su aportación a la causa y, con ella, a las personas que tienen un problema de salud mental”.
González Zapico manifiesta estar convencido respecto del “rol de la sociedad civil como gran dinamizadora de la modernidad en nuestro país”. Mientras que asegura que, “desde el movimiento asociativo, aunque advirtamos nuestras pequeñas debilidades, tenemos sobrada experiencia para contribuir, de verdad, a la modernización de la sociedad”.
En la misma línea, José Luis Méndez Flores, responsable del Servicio de Orientación sobre Salud Mental de la Confederación, advierte que, «en el encuentro se logró poner sobre la mesa una serie de vulneraciones que se están produciendo en el ámbito del Derecho, en distintas esferas. Y, más aún, se expuso la necesidad de intercambiar experiencias, opiniones y buenas prácticas a desarrollarse en distintos ámbitos”. Según Méndez Flores, “estos espacios nos cohesionan, como grupo y como colectivo, a la hora de reivindicar”.
Con sello SALUD MENTAL ESPAÑA
El conversatorio ‘Salud mental y derechos humanos en primera persona’ tuvo lugar durante la primera jornada del Congreso. La mesa estuvo integrada por tres referentes activistas con experiencia en primera persona: Basilio García Copín, presidente de la Asociación Salud Mental Ceuta; Rosa María Bayarri Romar, presidenta de la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana, y Elena Briongos Rica, presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León. Además, se contó con Mª Carmen Navarro Honrado, presidenta de la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha, como moderadora del espacio.
Para García Copín, “participar en la mesa con compañeras tan comprometidas siempre es una experiencia de crecimiento que te llena de energía y de buenas sensaciones”. Plantea que la experiencia lleva a “significar lo que hemos conseguido, pero también lo que queda por hacer”. Comparte que le ha llamado la atención “la gran cantidad de conocimiento y lenguaje técnico que se está creando en torno a la salud mental”, lo cual interpreta “como algo positivo”. Y analiza que, “no obstante, toda transformación debe ser precedida del estudio y la reflexión académica”. El presidente de la Asociación Salud Mental Ceuta expresa: “Me voy del Congreso con ilusión y con esperanza”.
Por su parte, Bayarri Romar enfatiza que “poder hablar de derechos, reivindicando y exponiendo sus vulneraciones desde la experiencia propia, en un foro tan significativo como es el Congreso de la Fundación Derecho y Discapacidad, es un verdadero privilegio y una responsabilidad”. La presidenta de la Federació Salut Mental Comunitat Valenciana destaca “haber podido mostrar qué es el activismo en salud mental y abrir las puertas a expresarse públicamente a otras compañeras”. Sobre todo, celebra “la normalización del hecho de que las personas con problemas de salud mental puedan representarse a sí mismas en cualquier foro”.
Paralelamente, Briongos Rica expresa que “participar en este Congreso fue, cuando menos, emocionante; como dije en la mesa, una aventura”. Señala la importancia que tiene que “tres personas con un problema de salud mental hablaran sobre derechos, porque lo hemos vivido desde dentro”. La presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León comparte que, de esta experiencia, se queda con “la importancia de consolidar derechos, muchos, y la necesidad de ampliar otros que se han conseguido pero que aún no son tan universales”.
A su vez, el primer día del Congreso fue el marco para presentar dos documentos de consulta de gran implicación por parte de la Confederación. Primero, el ‘Informe sobre tratamientos e ingresos involuntarios en salud mental’, de SALUD MENTAL ESPAÑA y el Instituto de Derechos Humanos ‘Gregorio Peces-Barba’ de la Universidad Carlos III de Madrid, ponencia a cargo de María del Carmen Barranco Avilés, catedrática de Derecho de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Luego, se presentó el ‘Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2024’, ponencia a cargo de Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA.
En referencia al ‘Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Salud Mental 2024’, Muñoz Escandell plantea que “se pretende ofrecer una panorámica de la situación de las personas con problemas de salud mental”, profundizando en diversos aspectos y haciendo propuestas que sirvan para “desactivar los atajos habituales del prejuicio”. La asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación ahonda en que “el prejuicio proviene de la asimilación de una imagen estereotipada de las personas con problemas de salud mental y conlleva, como consecuencia, conductas discriminatorias que, con informes como este, queremos sacar a la luz”. Sostiene que el objetivo es, ni más ni menos, que “la toma de conciencia”, para que “se adopten las medidas necesarias para hacerles frente”.
Dicho estudio reflexiona y propone medidas, entre otras cuestiones, sobre el ‘sinhogarismo’; la situación de mujeres y empleo; la situación de niños, niñas y adolescentes; la reivindicación de la accesibilidad psicosocial; el impacto de la reforma civil y procesal en materia de capacidad; la libertad y la seguridad para todas las personas; el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud -frente a la pervivencia del modelo médico-asistencial-; el aumento de los problemas de salud mental entre el alumnado de los centros educativos de España, y el acceso al empleo.
Por otra parte, la mesa ‘Respuesta jurídico-pública a los desafíos en materia de salud mental: Ley específica de Salud Mental, ¿sí o no?’, llevada a cabo durante la tercera jornada, contó con la participación de Rafael Belmonte, diputado de la XV Legislatura Grupo Parlamentario Popular, y de Emilio Sáez, diputado de la XV Legislatura Grupo Parlamentario Socialista. Durante el debate, aunque con distintos enfoques, ambos legisladores coincidieron en la necesidad de reforzar el marco legal existente. Dicho intercambio estuvo moderado por González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, quien celebra poder dialogar “con responsables legisladores políticos” y resalta la importancia que tiene “mantener en la agenda política la atención a la salud mental e implicar a gente -gestores y gestoras de lo público- a comprometerse con causa”.
Se destaca, por otro lado, la ponencia ‘La salud mental en la legislación y en las políticas públicas de salud’, a cargo de Fernando Lamata Cotanda, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. Durante su intervención, el experto hizo un repaso de las políticas públicas en materia de salud mental a lo largo de la historia, desde modelos centrados en el encierro, hasta los enfoques comunitarios del siglo XX. Lamata Cotanda advirtió que los avances en la materia no están garantizados. En este marco, instó a “frenar el proceso de deterioro de la reforma psiquiátrica en España” y planteó que “las ideas deben llevarse a leyes; las leyes, a su vez, tienen que plasmarse en políticas públicas, que supongan recursos procedentes de impuestos progresivos”.
Contenido de alto valor
El programa del Congreso buscó abordar el análisis de la salud mental, enmarcada en el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, desde diversos ángulos.
Además de las mencionadas presentaciones vinculadas a la tarea específica de SALUD MENTAL ESPAÑA, el evento brindó la oportunidad de escuchar a Rafael de Asís Roig, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid; Ana Peláez Narváez, experta del Comité CEDAW de Naciones Unidas, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres; Harumi Fuentes Furuya, oficial de Derechos Humanos en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Belén González Collado, comisionada de Salud Mental del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España; Markaya Henderson, responsable de Políticas y Proyectos de Salud del Foro Europeo de la Discapacidad; Laura Díez Bueso, magistrada del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, entre muchas otras personas referentes del ámbito institucional, las Naciones Unidas, el Tribunal Constitucional, universidades y entidades del tercer sector.
Asimismo, las conclusiones del Congreso estuvieron a cargo de Enrique Belda Pérez-Pedrero, catedrático de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia de la Universidad de Castilla – La Mancha. Algunas de las reflexiones y demandas fundamentales mencionadas son: