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COMUNICACIÓN

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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

No estás sola ¡No más violencia contra las mujeres con discapacidad!

Manifiesto CERMI 25 de noviembre de 2022

25/11/2022

"Según datos de la última Encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia de 2020, en nuestro país vivimos más de dos millones y medio de mujeres y niñas con algún tipo de discapacidad, a quienes hay que sumar las madres y cuidadoras de personas con discapacidad y sobre nosotras siguen vigente multitud de estereotipos e ideas preconcebidas que nos sitúan en un lugar de mayor exposición frente a la violencia, las lesiones, el abuso, el abandono, los malos tratos y la explotación.  

Aunque la información que nos ofrecen las estadísticas oficiales en torno a la prevalencia de la violencia machista en nuestro sector sigue siendo muy escasa, sabemos que cada año una quinta parte de las mujeres que mueren asesinadas a manos de sus parejas o exparejas tenían una discapacidad acreditada. Seguro que son muchas más las mujeres con discapacidad víctimas de violencia que no aparecen en ningún registro estadístico, por el mero hecho de no tener acreditada oficialmente esa discapacidad. Una discapacidad que, en muchos casos, es consecuencia, precisamente, de los malos tratos sufridos. De hecho, la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, señala que el 17,5 % de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual, emocional o ha sentido miedo de sus parejas afirma que su discapacidad es consecuencia de la violencia ejercida sobre ellas.

¿Y qué se está haciendo desde las políticas públicas para prevenir, detectar y abordar adecuadamente esta preocupante situación? ¿Por qué seguimos estando invisibilizadas en los registros oficiales? ¿Cómo es posible que los recursos que se ofrecen en nuestro país a las mujeres víctimas de violencia no sean accesibles? ¿A qué se está esperando para eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres con discapacidad llegar a la justicia para denunciar estos casos? 

Contamos con un impresionante edificio normativo nacional e internacional que nos recuerda que nosotras, como mujeres, también somos titulares de derechos humanos y que las violencias de las que somos víctimas también son violencias machistas. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como su Comité de seguimiento alertan de la múltiple discriminación de la que somos objeto y de la persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad en sus diversas y terribles formas (violencia en la pareja, violaciones, esterilizaciones forzadas, abortos coercitivos...). El Comité CEDAW ha expresado su preocupación por la violencia que sufren las mujeres con discapacidad reconociendo que ésta es producto de la intersección de distintas formas de discriminación.

Además, el Convenio de Estambul, vigente en nuestro país desde el año 2014, es un instrumento jurídico clave para prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que incluye expresamente en su articulado la tipificación como delito de las esterilizaciones forzadas. Por su parte, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible también marcan la hoja de ruta que debe seguir una política pública verdaderamente democrática e inclusiva en esta materia, a través del ODS n.º 5 para poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas y eliminar todas las formas de violencia machistas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual.

En España contamos con un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que recoge medidas para abordar la violencia de género contra las mujeres con discapacidad, así como con un marco legal estatal y autonómico específico en esta materia.  

Sin embargo, miles de mujeres con discapacidad, incluidas también las niñas con discapacidad, siguen viviendo el infierno de la violencia machista en el olvido más absoluto, lo que nos obliga a alzar nuestras voces este 25 de noviembre para denunciar públicamente esta situación inaceptable y exigir que quienes tienen en sus manos el poder de diseñar y ejecutar políticas públicas lo hagan para todas las mujeres sin excepción, sin discriminación de ningún tipo.

Hemos visto cómo en este año se ha aprobado una norma muy necesaria, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en cuya negociación las mujeres con discapacidad organizadas reivindicamos sin éxito que la práctica de la esterilización forzada, reconocida en el artículo. 39 del Convenio de Estambul como una forma de violencia contra las mujeres, se recogiera en el articulado de esta nueva ley como un delito contra la libertad sexual. Lamentablemente, y a pesar de nuestros esfuerzos, no ha sido el caso, por lo que exigimos que la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sí incluya la prohibición de las esterilizaciones no consentidas, los abortos coercitivos y la anticoncepción forzada como delitos contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres para así dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

En la misma línea, vamos a continuar trabajando para que la futura Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas no nos dé la espalda e incluya entre sus medidas la puesta en marcha de una macroencuesta específica que permita sacar a la luz la situación real de las mujeres con discapacidad frente a la violencia machista, así como la mejora en el acceso a los recursos especializados para víctimas de violencia de género contra la mujer, los cuales deben ser plenamente inclusivos y accesibles para todas ellas.

Finalmente, y ya en el ámbito internacional, no podemos pasar por alto un hecho trágico que ha marcado la agenda política desde comienzos de año. La invasión rusa de Ucrania, desencadenante último de una guerra entre ambos países, ha evidenciado, una vez más, la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentamos las mujeres y niñas con discapacidad en los momentos de graves crisis humanitarias sean cuales sean sus causas. Tras una larga pandemia, el azote de una guerra en plena Europa nos recuerda que sigue vigente la idea terrible de que existen vidas dignas de ser vividas y otras que no.  Y, en este contexto, ser mujeres con discapacidad en medio de un conflicto armado nos convierte en objeto de todas las formas de discriminación y violencia imaginables. 

Por todo ello, en este día de conmemoración salimos a la calle para manifestarnos contra todas estas injusticias y para seguir exigiendo:

1.      Que se ponga en marcha una Macroencuesta específica sobre la violencia de la que somos objeto las mujeres y niñas con discapacidad, así como las madres y cuidadoras de familiares con discapacidad. Una operación estadística de esta naturaleza permitirá la puesta en marcha de una política pública adecuada que sitúe en el centro a todas las mujeres sin excepción y que en nuestro sector tome en consideración los riesgos concretos y los factores de vulnerabilidad, como la incapacitación legal, la institucionalización, el incesto, la pobreza, la ruralidad, la edad y el tipo de discapacidad.

2.      Que se garantice la accesibilidad universal de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, de los juzgados, y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, pues, además, se trata de un mandato establecido en la Ley Integral de Medidas de Protección contra la Violencia de Género.

3. Que la aplicación de las prescripciones normativas y la implantación de los recursos de atención a las víctimas contenidas en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual se lleven a cabo tomando en consideración una perspectiva interseccional de género y discapacidad.

4.      Que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres y niñas con discapacidad, incluyendo la ayuda legal gratuita, asegurando la plena accesibilidad de todas las garantías procesales, incluyendo ajustes de procedimiento adecuados a la edad, el acceso a la información y a la comunicación, a la asistencia humana y a productos y tecnologías de apoyo que elijan las mujeres con discapacidad en sus relaciones con el sistema de justicia.

5.   Que se impulsen mecanismos de vigilancia con el fin de que las instituciones residenciales, de salud mental, centros de día, talleres ocupacionales, centros especiales de empleo y otros sean supervisados efectivamente por autoridades independientes, a fin de impedir que se produzca casos de negligencia, malos tratos, abuso, acoso y violencia.

6.   Que en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se trabaje en el desarrollo e implantación de la figura de la asistencia personal en el ámbito de la violencia contra las mujeres con discapacidad y se profundice en la generación de conocimiento en torno a la prevalencia de la violencia machista por razón de discapacidad.

7.   Que se desarrollen y actualicen protocolos de coordinación entre los principales actores involucrados en el abordaje de la violencia machista: los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales y sanitarios y las organizaciones sociales especializadas en la materia.

8. Que se ponga en marcha un estudio diagnóstico que permita conocer la situación en la que se encuentran mujeres con discapacidad sometidas a prostitución y trata y asegurar su adecuada consideración en la futura ley contra la trata.

9.  Que la reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo incluya en su articulado la prohibición de las esterilizaciones no consentidas, los abortos coercitivos y la anticoncepción forzada como formas de violencia de nuestros derechos sexuales y reproductivos.

10. Que se concrete una Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas que aglutine todas y cada una de las demandas expresadas en este manifiesto.

Y como última exigencia, demandamos que los poderes públicos de nuestro país articulen medidas de acogimiento y protección para las mujeres y niñas con discapacidad, así como madres y cuidadoras de personas con discapacidad, que se ven obligadas a abandonar sus países como consecuencia de las guerras sin que importe su origen racial, étnico, su religión, ni ninguna otra consideración".

¡VIVAS NOS QUEREMOS! ¡NI UNA MENOS!

¡LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD EMPODERADAS, VISIBLES Y DIVERSAS REIVINDICAMOS NUESTRO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS!

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