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COMUNICACIÓN

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La Confederación Estatal de Personas Sordas consigue que la lengua de signos esté presente en los procesos judiciales

• La modificación de la ley de Enjuiciamiento Civil contempla la inclusión de intérpretes y mediadores durante todas las instancias
• Este cambio legislativo supone un importante avance hacia la plena tutela judicial efectiva de las personas sordas

23/07/2021

La CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), ha mostrado su satisfacción ante la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que asegura la presencia de intérpretes de lengua de signos y de otros recursos de apoyo a la comunicación que la persona sorda pueda precisar durante un proceso judicial, e incorpora la figura de las y los mediadores. Una demanda histórica del movimiento asociativo de la CNSE que favorece la participación en condiciones de igualdad de las personas sordas al quedar garantizada la comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno.

Este cambio legislativo, que entrará en vigor el próximo 3 de septiembre, contempla el derecho de las personas con discapacidad a entender y ser entendidas en cualquier actuación que deba llevarse a cabo en los juzgados. Para ello, la norma hace mención expresa a la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente (lengua de signos española y lengua de signos catalana), así como a la participación de profesionales mediadores que actúen como facilitadores realizando las tareas de adaptación y ajuste necesarias para tal fin. Tal es el caso de profesionales sordos mediadores y adecosores (agentes de desarrollo de la comunidad sorda) que han trabajado en este ámbito en repetidas ocasiones durante procesos judiciales en los que han participado ciudadanos y ciudadanas sordas.

 

“La justicia ha de ser igual para todos y todas, y como tal, debe garantizar el respeto a nuestros derechos lingüísticos”, ha manifestado la presidenta de la CNSE, Concha Díaz. “Estas medidas resultan clave para avanzar en la seguridad y en la plena tutela judicial efectiva de las personas sordas”.

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