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13/11/2013
FEAPS se muestra satisfecho por el anuncio del Gobierno de la preparación de un Real Decreto mediante el cual actualizará la normativa de acceso al empleo público de personas con discapacidad (vigente desde 2004), como respuesta a la demanda de renovación de la misma realizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
Este proyecto de Real Decreto –que acaba de someterse a consulta en el Consejo Nacional de la Discapacidad–, renovará las normas de acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración Central, tras los cambios legales planteados en el Estatuto del Empleado Público en el año 2011, que elevaron la cuota de reserva de estas personas del 5% al 7%, creando además una reserva específica del 2% para personas con discapacidad intelectual.
Los cambios planteados ahora se refieren precisamente a esa subcuota específica, de forma que se garanticen la igualdad de oportunidades y la acción positiva compensatoria para las personas con discapacidad intelectual, que a partir de la aprobación de este real decreto tendrán que competir sólo entre ellas para acceder a ese tipo de plazas.
Junto a ello, la norma amplía la aplicación de la cuota de reserva en todas las modalidades de acceso al empleo público (funcionarios interinos, temporal, bolsas de empleo, etc.)
Con la normativa vigente, la Administración del Estado ha permitido el acceso de 2.000 personas con discapacidad a plazas de empleo público. El año pasado, 57 personas con discapacidad intelectual lograron una plaza en esta administración, con el apoyo de FEAPS en la preparación de sus oposiciones. El mes pasado el Gobierno ha impulsado una nueva convocatoria de 10 plazas en esta modalidad de reserva.
FEAPS contribuye a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo tenga su propio proyecto de calidad de vida y pueda lograr su inclusión como ciudadana de pleno derecho y su participación en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto. Es un movimiento asociativo formado por 884 entidades repartidas por el territorio español, que representan a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias.