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COMUNICACIÓN

Noticias

El movimiento asociativo de personas con discapacidad intelectual y sus familias lleva 24 años desarrollando proyectos en centros penitenciarios

Plena inclusión presenta un estudio sobre la situación de la población reclusa con discapacidad intelectual en España

El Defensor del Pueblo incluyó ayer en su informe de 2018 demandas dirigidas instituciones públicas que garanticen los derechos las personas reclusas con discapacidad intelectual

Plena inclusión

Plena inclusión

12/06/2019

Plena inclusión España ha elaborado un estudio sobre la situación de la población con discapacidad intelectual reclusa (o exreclusa) que cumple medidas de privación de libertad. Este informe se basa en las respuestas dadas por 367 personas de este colectivo que están o han estado en centros penitenciarios 14 comunidades autónomas y Ceuta a un cuestionario de 241 preguntas.

El movimiento asociativo que trabaja con cerca de 120.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, desarrolla desde hace 32 años proyectos de apoyo a estas personas, en la actualidad en 71 centros penitenciarios. Los resultados de este exhaustivo trabajo que ha dirigido su departamento jurídico se presentarán el próximo 19 de junio en el ‘Encuentro estatal sobre acceso a la justicia y ajustes de procedimiento para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo’, que se celebra en La Rioja. Las jornadas, organizadas por Plena inclusión España y por Plena inclusión La Rioja, contarán con la presencia de Andrés Jiménez, responsable del Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo. Esta institución presentó ayer su informe anual con una separata en la que hacía múltiples propuestas sobre medidas específicas dirigidas a garantizar mejor los derechos de las personas reclusas con discapacidad intelectual.

FALTA DE ACCESIBILIDAD A LA FORMACIÓN

Plena inclusión reconoce como un avance las peticiones formuladas por el Defensor del Pueblo en aspectos fundamentales como la propuesta de que se creen espacios, fuera de las prisiones, en los que las personas con discapacidad intelectual puedan cumplir las penas o medidas de seguridad a las que hayan sido condenadas. Desde el movimiento asociativo que representa a 925 entidades que trabajan con este colectivo en todo el Estado se respalda la demanda de la oficina que preside Francisco Fernández Marugán respecto a la necesidad de garantizar una atención especializada en las prisiones liderada por organizaciones de la sociedad civil.

El Defensor del Pueblo denuncia que este trabajo debe contar con el adecuado apoyo económico del Estado, una ayuda que se ha visto seriamente recortada en los últimos años como consecuencia de la crisis económica. Actualmente, Plena inclusión atiende a casi 1.700 personas de este colectivo en el marco de su programa de intervención. Pero donde Plena inclusión pone el acento es en la urgencia de que se conviertan a ‘lectura fácil’, un lenguaje adaptado que facilite la comprensión, los contenidos formativos y los programas de intervención que se desarrollan en los centros penitenciarios para hacerlos accesibles a la población reclusa con discapacidad intelectual.

Para Enrique Galván, director de Plena inclusión, “muchas personas con discapacidad intelectual ven vulnerado su derecho a la formación, que es una pieza clave en el camino a su futura reinserción en su comunidad, porque sus contenidos no están adaptados y no resultan comprensibles. Y esta carencia debería solucionarse”. Y prosigue: “24 años de experiencia interviniendo en prisiones nos avala a la hora de reclamar la urgencia de estas adaptaciones que abrirían el camino a estas personas para disfrutar de una vida mejor”.

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