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COMUNICACIÓN

Noticias

Los contratos de personas con discapacidad en la Administración crecen un 10,4%

Noticia publicada en Europa Press Social

08/10/2013

Los contratos de personas con discapacidad aumentaron durante el mes de agosto un 10,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según ha indicado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, que ha señalado que, aunque la baja tasa de actividad de estas personas es "un motivo de preocupación", "hay datos que invitan al optimismo".

En este sentido, durante la inauguración del encuentro sobre 'La RSC en el sector público', ha destacado también el "importante esfuerzo" que, a su juicio, está haciendo la Administración General del Estado en materia de apoyo a la discapacidad e inclusión y han explicado que las administraciones públicas incorporaron a su plantilla en 2012 a 54 personas con discapacidad intelectual como ayudantes de gestión y servicios comunes y que en 2013 ha convocado 10 nuevas plazas.

Para ello, ha recordado que organizaciones como FEAPS o CERMI estuvieron apoyando y asesorando durante el proceso de selección, que contó también con el respaldo y el reconocimiento de otras asociaciones como la Fundación Conecta o Cermi.es.

Por otra parte, Moreno ha recordado también que ya son más de 100 personas con discapacidad las que han accedido a plazas de formación sanitaria especializada, gracias al Real Decreto por el que se favorece el acceso de personas de este colectivo.

Según el secretario de Estado, ambas medidas son "un paso muy importante del Gobierno en la inclusión real y efectiva".

A su vez, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado que desde la Administración General del Estado se promoverá la utilización de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública y que el futuro proyecto de Ley de la Función Pública y de la Administración General del Estado tendrá "la responsabilidad social y la inclusión como uno de sus ejes".

Por ello, ha destacado la necesidad de "seguir desarrollando una política de inclusión de recursos humanos en el conjunto de las Administraciones Públicas que faciliten el ingreso de las personas con discapacidad".

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