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30/11/2015
Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, participó hoy, junto con Diego Cruzado, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Murcia, en una rueda de prensa en el edificio de la ONCE en Murcia, en que expuso las propuestas electorales que la Plataforma ha elaborado para trasladar a los partidos políticos que concurren a las elecciones generales las principales reivindicaciones de las entidades sociales, en defensa de los derechos de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social.
La Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia se constituyó formalmente el pasado mes de junio como una organización defensora del bienestar social y del bien común, para diseñar estrategias y adoptar decisiones que profundicen en la democracia participativa y en los valores del Estado Social y de Derecho, promoviendo un modelo de sociedad más justo y canalizando la solidaridad y el compromiso cívico en beneficio de la Sociedad.
Luciano Potayo destacó que “por primera vez, el Tercer Sector presenta, en conjunto y de forma consensuada, un conjunto de propuestas concretas ante unas elecciones generales”. “Más allá de las propuestas y demandas concretas que cada entidad presente en sus ámbitos concretos de actuación”, afirmó, “el decálogo de propuestas de la Plataforma engloba las principales reivindicaciones comunes a todas las entidades del sector, en defensa de unos objetivos comunes y en búsqueda de un nuevo modelo social.
Poyato, que mostró su agradecimiento “a la Plataforma del Tercer Sector en la Región de Murcia por apoyar el trabajo de todas las entidades de acción social y el trabajo en beneficio de quien más lo necesita”, repasó Las principales propuestas presentadas a los partidos concurrentes a las elecciones, que se estructuran en “tres grandes bloques, que abarcan desde una reforma constitucional para reconocer como fundamentales los derechos sociales, culturales y económicos, igualar la asistencia social en todo el territorio español y reconocer la existencia y el papel del Tercer Sector”; un “plan de compromiso económico y de rescate de las personas” que establezca medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social; y el “refuerzo de la gobernanza del sector, mediante “el despliegue adecuado y suficiente” de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, aprobada el pasado 1 de octubre.
Según Poyato, es necesario “que las prestaciones sociales sean equitativas en todas las Comunidades Autónomas”, mediante el establecimiento de “un espacio competencial compartido”, que haga posible “que se atienda igual a todas personas, independientemente de su lugar de nacimiento o residencia”. Poyato remarcó que la entidad que preside no busca “recentralizar competencias (…) ni definir la articulación política del país”, sino establecer un sistema en que el Estado “pueda compensar los desequilibrios económicos” entre comunidades en la atención a personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. En este mismo sentido, se propone el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas ya que “existen muchas diferencias entre Comunidades Autónomas en lo que refiere al ingreso mínimo de inserción”. Además, la Plataforma reclama el reconocimiento de los “derechos sociales, culturales y económicos como fundamentales”, para “que el respaldo constitucional los convierta en subjetivos, vinculantes y exigibles”, y que “las cuestiones relacionadas a legislar tengan una argumentación de suficiente peso". Según afirmó Poyato, “desde hace años los derechos sociales, económicos y culturales son una realidad que no está recogida en nuestra Constitución”, igual que ocurre con el propio Tercer Sector, “que existe de forma organizada y engloba a un amplio abanico de entidades no lucrativas” (alrededor de 30.000) que trabajan en distintas áreas, y “que no están reconocidas en la Constitución porque cuando se redactó no existían como sector”, pero cuyo trabajo es clave 37 años después de la redacción del texto.
En cuanto a la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la Plataforma reclama el desarrollo de medidas concretas como el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas, la creación de un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza, el destino de la Tasa sobre Transacciones Financieras (recientemente aprobado y pendiente de aplicación) a fines sociales, entre otras medidas.
La Plataforma considera asimismo necesario “reconocer el papel de interlocución y participación del mismo en el desarrollo de políticas sociales”, otorgándole el papel que merece “en las distintas mesas y organismos” con competencia en materia social. Por ello, pide su inclusión en el Comité Económico y Social de España (CES) y Europeo (CESE) y el establecimiento de un marco estatal de apoyos y ayudas al tercer sector (en base a la “hoja de ruta” que define la Ley del Tercer Sector de Acción Social) en los dos primeros años de la nueva legislatura.
