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El Congreso insta al Gobierno a modificar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad en edificios y viviendas

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso aprobó esta semana, por unanimidad, una proposición no de ley del Grupo Socialista -defendida por la portavoz en la materia, Laura Seara-, instando al Gobierno a modificar la Ley de Propiedad Horizontal, para "posibilitar que las obras de mejora de la accesibilidad de los edificios sean asumidas por las comunidades de propietarios, con costes mensuales y plazos razonables".

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Fotografía: CERMI

La iniciativa, acordada por todos los grupos parlamentarios, pretende también “asegurar, en colaboración con las CCAA, que la situación económica de los distintos propietarios no sea impedimento para acometer las obras necesarias que garanticen la accesibilidad de los edificios”.

Los socialistas se hace eco, con esta iniciativa, de una demanda recurrente de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad planteada por el CERMI. Laura Seara ha puesto de manifiesto que “son muchos los ámbitos en los que es necesario seguir avanzando para lograr la accesibilidad universal” de las personas con discapacidad y que el caso de la vivienda es “paradigmático, pues a los problemas generalizados de carestía, falta de financiación y dificultades para hacer frente al pago de rentas e hipotecas con los que se topan muchos ciudadanos, se añaden, para las personas con discapacidad, la ausencia de condiciones de accesibilidad en edificios y vivendas”.

 
Por eso, la portavoz socialista ha señalado que los progresos normativos y las reformas legislativas a favor del acceso normalizado de las personas con discapacidad a una vivienda digna “deben continuar”, a la vez que “se deben intensificar los esfuerzos por parte de los poderes públicos para alcanzar el objetivo de que todos los ciudadanos disfruten de una vivienda que cuente con unas condiciones de accesibilidad adecuadas”.
 
Accesibilidad de los bienes y servicios
 
Por otro lado, la diputada Gracia Fernández ha defendido otra proposición no de ley en esta misma Comisión instando al Gobierno a “aprobar, en el plazo más breve posible,  la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público”, que ha sido rechazada por el PP.
 
Mientras no se adopte esta norma reglamentaria –que debería estar en vigor antes del 3 de diciembre de 2015- no estarán garantizados los derechos de las personas con discapacidad en España, por lo que “no se deberían agotar los plazos ni demorarlos”, ha reclamado la diputada socialista. “La no accesibilidad de entornos, productos y servicios constituye una forma sutil pero eficaz de discriminación”, señaló. A pesar de los avances realizados para conseguir la accesibilidad universal en todos los ámbitos –especialmente en la anterior etapa de Gobierno socialista- hay que seguir avanzando para “lograr la accesibilidad universal a los bienes y servicios a disposición del público”, entre los que se encuentran los educativos, sanitarios, de consumo, de ocio, deportivos, etc... 

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