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La sociedad civil pide más recursos en Hacienda para garantizar la persecución del fraude de grandes empresas y fortunas

En España el número de contribuyentes por empleado asciende a 1.680 frente a los 690 de Alemania o 790 de Francia. Contar con más personal contribuiría a una persecución más efectiva del fraude.

El fraude fiscal –que asciende a 90.000 millones de euros- resta recursos al Estado, y perjudica directamente a la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es imprescindible garantizar mecanismos que redistribuyan con justicia y equidad

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Coincidiendo con la Reforma Fiscal exigida por Bruselas para 2014, la Alianza Española Contra la Pobreza se dirigió el pasado mes de diciembre a Manuel Lagares, Presidente de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria, solicitando una reunión para presentarle las preocupaciones y propuestas en torno a la Reforma Fiscal exigida por Bruselas para 2014. La Secretaría de dicha Comisión respondió que no llevaría a cabo reuniones presenciales, por lo que hemos dirigido al Presidente, y al resto de miembros de la Comisión, nuestras propuestas para la reforma fiscal.

Queremos denunciar la falta de equidad del sistema tributario español donde las rentas del trabajo por cuenta ajena soportan la mayor parte del sistema, mientras que las grandes fortunas, empresas y transnacionales contribuyen de forma poco proporcionada y eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar por medio de figuras tributarias específicas, deducciones y otros mecanismos de ingeniería fiscal.

El sistema fiscal tiene un gran impacto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es, por tanto, imprescindible conseguir un aumento de la recaudación, reducir el déficit y asegurar que existan mecanismos suficientes que garanticen una redistribución con justicia y equidad. Es profundamente indignante que exista un fraude fiscal calculado en torno a los 90 mil millones de euros en España y mientras tanto se recorte en derechos económicos, sociales y culturales.

Por ello, y dado que el ratio actual población/empleados en la Agencia Tributaria es de 1.680 contribuyentes por empleado, más del doble que el de países como Alemania (690), Países Bajos (627), Francia (790), Reino Unido (810) y la media de los países de la OCDE (667), solicitamos que se incrementen los recursos de la Agencia Tributaria en la inspección, principalmente, de grandes empresas y grandes fortunas cuyo fraude fiscal representa el 72% del fraude total. Que esta sea la principal tarea, en lugar de dedicar la mayor parte de recursos, como se hace en la actualidad, a las comprobaciones de fraudes de IVA y de IRPF. También solicitamos que se actúe para neutralizar el daño que produce a la economía española la utilización de los Paraísos Fiscales por parte de esos colectivos.

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