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El CERMI da a conocer las vulneraciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España en 2012

En el marco de un desayuno informativo celebrado en la agencia de noticias Servimedia, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, presentó el Informe España 2012 "Derechos Humanos y Discapacidad", en el que examina el cumplimiento de la Convención de la ONU.

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En el marco del Día de los Derechos Humanos 2013, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, presentó durante un desayuno informativo celebrado en Servimedia el Informe sobre la situación de los derechos humanos y de las personas con discapacidad en España en 2012.

El CERMI, en calidad de organismo independiente de seguimiento de la aplicación en nuestro país de la Convención de la ONU, ha ido publicando desde 2008 un informe anual en el que examina el cumplimiento por parte de España del tratado internacional de la discapacidad y da a conocer las vulneraciones más graves, a fin de formular propuestas de solución o mejora, así como que detecta y expone las buenas prácticas en el despliegue del texto jurídico internacional de la discapacidad.

Este quinto informe, además, incluye una amplia “clínica jurídica”, elaborada por el Instituto San Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid sobre los procedimientos de internamiento no voluntario a los que son sometidas ciertas personas con discapacidad en España, que contravienen, como queda acreditado, derechos humanos fundamentales.

Según recoge el informe, durante 2012, el número de consultas atendidas en la Asesoría Jurídica del CERMI ascendieron a un total de 317 y, con respecto a 2011, se han registrado 111 consultas menos. Del total de las consultas recibidas, 65 se han tramitado como posibles vulneraciones de derechos fundamentales, manteniéndose constante con respecto al año anterior y suponen el 20% de las consultas. Y el resto de consultas (252) se deben a solicitudes de información.

En este sentido, el 59,94% de las consultas fueron realizadas por hombres y el 36,91% fueron realizadas por mujeres, por lo que las mujeres siguen accediendo al servicio de orientación del CERMI en menor número que los hombres, aunque en la población con discapacidad hay más mujeres que hombres.

Además, las personas con discapacidad física son las que en mayor número acuden al servicio identificando su tipo de discapacidad (98); y las personas de las Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía y Valencia son las que más consultas dirigen al CERMI Estatal, que cuenta con una estrecha colaboración con los CERMIS Autonómicos para la resolución de estas consultas, que permite una “buena coordinación” en materia de defensa de derechos.

Entre los temas recurrentes que presentan un nivel de reclamación y controversia importante y generan dudas a las personas con discapacidad y sus familias, el informe apunta, principalmente, a las prestaciones sociales y económicas, que han sido objeto de consulta en 112 ocasiones, sobre todo, las relacionadas con el empleo y la jubilación. Así, el porcentaje de cuestiones planteadas en materia de empleo se ha incrementado levemente (24% sobre el total con respecto al 22% de 2011); y las cuestiones más conflictivas siguen siendo las pruebas de acceso y de los puestos de trabajo.

En este punto, son también numerosas las consultas relacionadas con los incentivos a la contratación de personas con discapacidad y, además, el informe señala como novedad en 2012 que ha habido varias consultas sobre procedimientos de despido o modificaciones en las condiciones de contratación.

En materia de educación, por primera vez, las consultas no sólo se han ceñido a la educación pública, ya que ha habido quejas sobre posibles situaciones de discriminación en colegios privados y concertados. Con respecto a las consultas sobre el derecho a la vida independiente e inclusión en la comunidad, ascienden a 58, y en ellas se incluyen cuestiones relativas a la adaptación de la vivienda (17), el acceso a bienes y servicios en igualdad de condiciones (13), el reconocimiento y prestación de ayudas para la promoción de la autonomía (27) o la movilidad (10).

El informe también indica que las cuestiones de familia planteadas han sido 8, una menos que el año anterior, y, junto con los temas de igualdad ante la ley (2) y la integridad de la persona (2) son los temas que más indefensión crean a las personas con discapacidad que acuden al servicio del CERMI.

Por último, con respecto al incumplimiento de la accesibilidad es todavía una de las razones por las que más consultas se presentan, es decir, en 2012, al menos se recibieron un 22% de consultas en este sentido, de las cuales, 18 tenían que ver con ajustes razonables surgidos en el ámbito del empleo público y el acceso a la educación y formación profesional.

Según destacó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, destaca la progresiva toma de conciencia de las personas con discapacidad de que son sujetos de derecho y de que toman conciencia de las vulneraciones de sus derechos, “lo cual supone un cambio cualitativo y el paso siguiente debe ser su empoderamiento para denunciar estas situaciones”.

Además, para Pérez Bueno, estas violaciones por incumplimientos formales de derechos, los políticos y civiles, “serían muy fáciles de subsanar, ya que sólo se trata de voluntad política”. “Hablamos de audacia, de creatividad, de innovación y de creerse que la política está para algo, para cambiar la realidad”, subraya.

“No están garantizados los derechos humanos de las personas con discapacidad en España, ni a nivel político y civil, del que estamos muy lejos; ni a nivel económico, que la crisis ha agravado mucho más”, denuncia.

El informe España 2012 ‘Derechos Humanos y Discapacidad’ del CERMI contribuye a crear una conciencia social y sirve de herramienta política que ha sido remitida al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Ginebra, Suiza), así como al Gobierno de España, las Cortes Generales, a través de la Comisión de la Discapacidad del Congreso, a la Defensora del Pueblo, a la Fiscalía del Estado y al Consejo General del Poder Judicial.

 

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