Modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

15/11/2017

Uno de los ámbitos en los que mayor impacto está teniendo la regulación sobre el sector no lucrativo en todo el mundo, es el de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, llegando a considerarse como una de las barreras potenciales y reales más relevantes para el desarrollo de la filantropía.

Al calificar al sector no lucrativo como un sector especialmente vulnerable a estas actividades ilícitas, las recomendaciones emanadas del GAFI (FATF en inglés) constituyen un mandato para los reguladores, y pueden dar lugar a la imposición de medidas restrictivas, pero sobre todo a generar desconfianza hacia el sector. Todo ello a pesar de que desde el GAFI y desde otras instituciones como la Comisión Europea, se ha insistido en la necesidad de establecer medidas de prevención proporcionadas al riesgo real que presenten estas organizaciones.

El sector es desde hace años consciente de la importancia de actuar con transparencia, dando a conocer su actividad así como las medidas internas que las organizaciones adoptan para prevenir estos riesgos.

La Plataforma de ONG de Acción Social,  se ha unido a la estrategia de la Asociación Española de Fundaciones y otras redes y  organizaciones, para reiterar  la necesidad de adaptar la regulación interna al riesgo real que tienen estas organizaciones, a lo que no ha contribuido el establecimiento de la obligación legal de identificar a los donantes a partir de tan sólo 100 euros, sin tener en cuenta otros elementos, como los canales financieros a través de los que se realizan dichas donaciones o las formas de captación de los fondos. Para ello se han realizado algunos análisis que se han trasladado al Tesoro así como una consulta a la que se ha dado respuesta desde el Ministerio (34/2017, de la S.G. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales).

Recientemente se ha elaborado por parte de las organizaciones una propuesta de modificación del artículo 39 de la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, dado que el Gobierno está trabajando en este momento en la adaptación de la misma a la Directiva 849/2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, y se espera su próxima tramitación parlamentaria.

El sector sigue entre tanto trabajando en la elaboración de un manual de buenas prácticas que ayude a las organizaciones no lucrativas a prevenir riesgos y a implantar las medidas necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente.