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Plataforma del Tercer Sector / Tercer Sector

Las entidades sociales reclaman apoyo político para llegar a los más de 13 millones de personas en riesgo de exclusión

• Las 30.000 organizaciones que conforman el Tercer Sector atienden anualmente a siete millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social
• Cuando se cumple un año de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, reclaman un impulso político para el despliegue efectivo de la norma, que contemplaba el desarrollo de un plan de fomento para el sector en sus primeros doce meses de vigencia

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Cuando se cumple un año de la promulgación de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, una norma pionera que reconoce la labor de 30.000 entidades, las organizaciones sociales reclamaron este lunes la puesta en marcha del programa de impulso a las entidades del Tercer Sector de Acción Social que debía haberse puesto en marcha en el primer año de la Ley, y que permitiría ampliar su capacidad de acción.

Este programa debía haber contemplado medidas concretas como el desarrollo de planes específicos de promoción, difusión y formación para el sector y de apoyo al voluntariado; o el establecimiento de los cauces de cooperación con los servicios públicos y la financiación pública y a través de entidades de crédito oficial de las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Luis Cayo Pérez Bueno, vicepresidente de impulso normativo e incidencia política de la Plataforma del Tercer Sector, afirmó al respecto que es necesario “superar el parón político en que nos vemos inmersos desde principios de año, para hacer posible el despliegue efectivo de una Ley y el fomento de un sector cada día más necesario, ya que los efectos de la pobreza y la exclusión se siguen intensificando y quienes experimentan de forma más virulenta las consecuencias de la inmovilidad política y de la paralización institucional y administrativa son siempre las personas más vulnerables”. Para ello, prosiguió, “es imprescindible contar con un actor crucial en materia social como es el Tercer Sector, que atiende actualmente a siete millones de personas y, que si contase con un respaldo normativo y financiero suficiente, seguro podría ampliar su capacidad para generar cambio social, transformar el entorno y contribuir a la extender los bienes sociales entre los más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país”.

La aprobación de la Ley el pasado año “supuso un logro para el sector social, y ha traído ya consigo efectos beneficiosos como una mayor actividad territorial para el impulso de normativas autonómicas”. Aún con esto, prosiguió Pérez Bueno, “una consecución con esta potencialidad que ha supuesto la creación de un marco normativo para un conjunto de entidades tan amplio que llevaban décadas trabajando en favor del desarrollo humano de nuestra sociedad no puede quedar en letra muerta, y su no desarrollo es condenarla a morir sin haber vivido”.

Las entidades del tercer sector, señaló, son “colaboradoras críticas y exigentes, que no sustitutas” de la labor del Estado, de todos los poderes públicos, en materia de derechos sociales y de garantía social, y es por ello que necesitan de un apoyo firme de parte del Gobierno para cumplir su misión. “La lucha contra la pobreza, la reversión de sus efectos, y la realización de una sociedad igualitaria e inclusiva, abierta y respetuosa de la diversidad, debe ser asumido con convicción y voluntad transformadora por el próximo Gobierno”, concluyó.

Propuestas para el futuro Gobierno

Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Tercer Sector, aprovechó para recordar el Decálogo de Propuestas Electorales que la entidad preparó el pasado año, y que “sigue vigente ante la formación de cualquiera que sea el Gobierno que se forme en los próximos meses”.

Entre las medidas propuestas por la Plataforma se encuentran una reforma constitucional para reconocer como fundamentales los derechos sociales, culturales y económicos, derivados de la legislación internacional y actualmente sólo recogidos como “principios orientadores” en la Constitución Española.

Asimismo, la Plataforma reclama el desarrollo de medidas concretas como el establecimiento de una Ley Estatal de Rentas Mínimas Garantizadas, la creación de un Fondo Estatal contra la Exclusión Social y la Pobreza, el destino de la Tasa sobre Transacciones Financieras (pendiente aún de aplicación) a fines sociales, entre otras medidas.

Convención del Tercer Sector

El próximo 25 de octubre tendrá lugar en Madrid la Convención del Tercer Sector que bajo el lema “La sociedad que queremos”, será inaugurada por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fátima Báñez, y se dividirá en tres bloques temáticos: Diagnóstico y principales retos del Tercer Sector en España; Proceso de articulación, representación y participación; y El Tercer Sector como actor de interlocución social y político. Así, voluntarios, beneficiarios y representantes de entidades de acción social, además de creadores de opinión y responsables políticos, mostrarán su visión sobre el sector, ayudando a repensar la sociedad que intentan construir, a analizar los aciertos y errores tras décadas de trabajo, o a planificar el trabajo futuro en favor del despliegue efectivo de la Ley de Tercer Sector de Acción Social.

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