La red HUMA denuncia la penalización en Europa de la asistencia humanitaria a las personas inmigrantes sin permiso de residencia
La red europea, formada por trece ONG, reclama la eliminación de las sanciones por asistencia humanitaria y de la obligación de denuncia
17/Dic/2009 | Médicos del Mundo
El Día Internacional del Migrante que se conmemoró el 18 de diciembre fue una oportunidad para poner de manifiesto la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas inmigrantes. En un día así, resultaba obligatorio denunciar una tendencia que se observa en varios Estados de la Unión Europea que establecen ‘delitos o faltas de solidaridad’ e incorporan medidas para obligar a las administraciones públicas a denunciar a las personas inmigrantes en situación irregular. La última reforma en España de la Ley de Extranjería ha venido a añadir una nueva penalización de la asistencia altruista al colectivo de personas inmigrantes.
Directiva
En 2002, una Directiva de la Unión Europea[1] trató de aproximar las disposiciones legales existentes en los diferentes estados miembros de la UE sobre ayuda a la entrada, tránsito y residencia en la UE a personas inmigrantes en situación irregular. Según esta Directiva, las personas que actúan con ánimo de lucro pueden ser penalizados por ayudar a inmigrantes en situación irregular a residir en Europa.
Sin embargo, varias leyes nacionales incluyen disposiciones que penalizan la asistencia a personas inmigrantes sin permiso de residencia aunque ésta se realice sin ánimo de lucro. También hay ejemplos de normas que incluyen menciones a la obligación de denuncia, todo ello, en grave detrimento y retroceso de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud.
El último ejemplo lo tenemos en España y en la reforma de la Ley de Extranjería en la que se recoge como infracción grave consentir la inscripción de un inmigrante sin permiso de residencia en el padrón por parte del titular de una vivienda cuando no es su domicilio real. En la práctica, esto va a dejar a muchos inmigrantes sin acceso a derechos fundamentales, como el acceso al sistema de salud y la escolarización de sus hijos e hijas ya que el padrón municipal es condición sine qua non para acceder a estos servicios.
El delito de solidaridad y el deber de denuncia
En Francia, el Código que regula la entrada y estancia de los extranjeros (2005) establece en su artículo L622-1 que toda persona que “directa o indirectamente” facilite la estancia de un extranjero sin permiso de residencia en el país “será castigado con cinco años de prisión y una multa de 30.000 euros”. Según la Comisión Nacional Consultiva Francesa de Derechos Humanos[2] "una interpretación literal de este artículo lleva a considerar como sospechosos a todas las personas que ayudan a los inmigrantes sin permiso de residencia de buena fe".
En Alemania, una legislación bastante ambigua también penaliza la asistencia sin fines lucrativos y, además, impone a las instituciones públicas administrativas el deber de denunciar a inmigrantes en situación irregular, con el riesgo de ser sancionados si no lo hacen. Esta obligación incluye a los centros de bienestar social, encargados de proporcionar la autorización para recibir atención sanitaria (‘Krankenschein’) y de rembolsar el coste de la atención a los hospitales. Recientemente, el Parlamento alemán ha realizado una interpretación de esta disposición para excluir los casos en que los centros de bienestar social reciban información acerca de los inmigrantes indocumentados que se encuentren en urgencias. Sin embargo, esta explicación resulta ambigua e incluso el partido socialista alemán (SPD) ha propuesto la modificación de la ley para limitar el derecho de denunciar a la policía y a las fuerzas de seguridad.
En Italia, el Gobierno trató en 2008 de derogar el artículo que prohibía a los profesionales sanitarios denunciar a inmigrantes sin permiso de residencia cuando buscaran atención sanitaria.. Afortunadamente, el Parlamento rechazó la propuesta tras una fuerte oposición de la sociedad civil en marzo de 2009.
El año pasado, el gobierno sueco intentó incluir en una propuesta de ley la prohibición formal de proporcionar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia. La propuesta tampoco prosperó pero en Suecia no existe ninguna posibilidad de cobertura sanitaria de forma gratuita para este colectivo ni siquiera en caso de emergencia o parto.
En Chipre, las instituciones de salud pública a menudo denuncian a las personas inmigrantes sin permiso de residencia a las autoridades de inmigración, aunque no están obligados a hacerlo.
Salud versus control migratorio
Las organizaciones de la Red HUMA atienden a miles de inmigrantes en situación irregular en sus distintas delegaciones en Europa y asisten con preocupación al retroceso generalizado del derecho al acceso a la salud que se está produciendo. El acceso a la salud es un derecho fundamental del que deben gozar todas las personas residentes en Europa, independientemente de su situación administrativa.
“Si eres inmigrante irregular y tu médico de cabecera te puede denunciar, sencillamente no acudirás al centro de salud por miedo. Para menoscabar este derecho aún más, ahora se plantea perseguir a los individuos y organizaciones que pretenden dar asistencia humanitaria”, explica Teresa González, presidenta de Médicos del Mundo España, que entiende que la consecuencia directa de una regulación de este tipo se traducirá en una falta de acceso a la asistencia sanitaria, con la implicación que esto conlleva para la salud pública en general.
La limitación del acceso a los sistemas de salud supone una violación flagrante de un derecho fundamental y afecta a la efectividad de las políticas de salud pública ya que se excluye a parte de la población residente de medidas de prevención y tratamiento. Las políticas migratorias de control no deberían, en ningún caso, interponerse al derecho de acceso a la salud.
Por todo ello, la red HUMA quiso reclamar, en el Día Internacional del Migrante:
· La eliminación de todas las legislaciones europeas de la penalización de la asistencia sin ánimo de lucro a las personas inmigrantes.
· La protección del secreto médico y la prohibición formal de realizar cualquier denuncia o detención de personas sin permiso de residencia cuando éstas sean recibidas por médicos o administraciones sanitarias.
· El acceso efectivo a los sistemas de salud de todas las personas en condiciones de igualdad, independientemente de su situación administrativa.
Guillermo Algar González
Responsable de Relaciones con los Medios
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