CEAR advierte que la crisis no puede ser la coartada para la violación de derechos laborales de los refugiados e inmigrantes
09/Oct/2009 | CEAR
El precio de la crisis económica que atraviesa España lo están pagando sobre todo los trabajadores, sean autóctonos o extranjeros, como denuncian los sindicatos. Y por eso deben ser respetados y protegidos los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores, sea cual sea su procedencia, como es propio de un Estado de derecho. Pero la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) constata diariamente que los trabajadores refugiados e inmigrantes están sufriendo especialmente el recorte de derechos. La crisis económica está siendo la coartada para el endurecimiento de la ley de extranjería, para el aumento de abusos laborales, y para la disminución de fondos para la integración sociolaboral de los trabajadores extranjeros y sus familias.
Aumentan las dificultades
Así, a la falta de ofertas de empleo en los sectores más ocupados por refugiados e inmigrantes (construcción, hostelería y otras áreas del sector servicios), se suman los aumentos de despidos de trabajadores extranjeros, que se han incorporado más tarde al mercado laboral y tienen un mayor índice de temporalidad, en empleos con poca cualificación y sin que se tenga en cuenta el bagaje formativo y laboral previo. Los trabajadores refugiados e inmigrantes encuentran cada vez más difícil obtener contratos con suficiente duración como para poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo, así como para optar a la regularización por arraigo, lo que ha hecho aumentar el número de personas que se quedan en situación irregular. Por otro lado, aumentan las dificultades para acceder a recursos formativos, fundamentales para una inserción sociolaboral duradera y digna, y se endurece, en el proyecto de la nueva ley de extranjería, su derecho a la reagrupación familiar.
Pero estas situaciones no son consecuencia natural de la crisis, sino que tienen que ver con decisiones políticas que han apostado por restringir derechos y por hacer la vista gorda ante abusos laborales. Decisiones que parecen guiarse bajo la premisa de “los de aquí primero, los de fuera después”, que va calando en los discursos públicos y nos aleja no ya del trabajo decente, sino de la sociedad decente.
Por eso CEAR pide que las únicas respuestas no sean incentivar el retorno a los países de origen de los trabajadores extranjeros, medida irreal en tiempos de crisis global. Ni recortar derechos (o presupuesto para la integración) a determinados ciudadanos según la coyuntura económica, porque eso no es más que discriminación.
