CEAR advierte de que se está vulnerando el derecho de asilo
24/Nov/2008 | CEAR
Aunque los solicitantes de asilo no estén en territorio español hay que brindarles protección
El 23 de septiembre fue rescatado en el agua un niño de 7 años y el adulto que le acompañaba, cuando se dirigían a Ceuta. La Guardia Civil les devolvió, sin ningún trámite, a Marruecos, desde donde fueron deportados a la frontera con Argelia. El adulto manifestó que en el momento de ser rescatado pidió asilo sin que esa petición se atendiese. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo ha recibido informaciones por las que el niño podría ser demandante de asilo en Marruecos. Se desconoce su paradero actual.
El Defensor del Pueblo, en carta de respuesta a una queja presentada por este caso, rechaza la devolución automática de las personas que intentan llegar a nuestro territorio, como ya ha manifestado en anteriores ocasiones. El Defensor advierte de que, de acuerdo al Real Decreto 2393/2004, “ante la interceptación de un extranjero que pretenda entrar ilegalmente en España, la única respuesta prevista por parte de los efectivos de la Guardia Civil, es la puesta a disposición, con la mayor brevedad posible, ante la correspondiente Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía”. Afirma el Defensor que “el procedimiento utilizado carece de respaldo alguno, impidiendo además que en esos flujos mixtos de inmigrantes que intentan acceder irregularmente a nuestro territorio, se pueda detectar a aquellas personas necesitadas de protección internacional”.
Como responde la oficina de la Defensoría al argumento de que las personas no se encontraban en territorio español, “lo determinante no es si los solicitantes de asilo se encuentran en territorio español, sino que estas personas se encuentran bajo el control efectivo de autoridades de nuestro Estado, por lo que el principio de no devolución no puede obviarse argumentando que el rescate se ha producido fuera de nuestras aguas territoriales”. Para la oficina de la Defensoría, esto supone una vulneración de la Convención de Ginebra de 1951 para la protección de los refugiados, “en concreto en su artículo 33, que obliga a España a aplicar extraterritorialmente el principio de no devolución”.
Las actuaciones de las autoridades españolas fuera del territorio estatal ya habían sido cuestionadas por el Defensor del Pueblo. En escrito de hace unos semanas, y a propósito de la actuación de las Fuerzas de Seguridad españolas en territorio mauritano con los pasajeros del Marine I, el Defensor hace constar su preocupación “ante la nueva problemática que se plantea como consecuencia de la creciente tendencia a la externalización de los controles migratorios”. Al Defensor le surgen dudas “sobre la coherencia del marco jurídico regulador de dichas actuaciones y, especialmente, sobre cuál es el estatuto de nuestras Fuerzas de Seguridad en territorio extranjero, quién es el responsable de las decisiones, cómo hacer compatibles estas nuevas prácticas que tienden a diluir la responsabilidad de diversos Estados implicados con el mantenimiento de garantías efectivas de protección internacional. Todas estas son cuestiones que deben ser abordadas con el mayor rigor”.
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