La manifestación en Madrid por el fin de los muros cierra el III Foro Social Mundial de las Migraciones

12/Sep/2008 | CEAR/Cáritas

El III Foro Social Mundial de las Migraciones se cerró el domingo 14 de septiembre con una manifestación que reivindicó en Madrid el fin de los muros que impiden el ejercicio de los derechos de los migrantes. Este Foro reunió a casi 3.000 participantes de todo el mundo. Entre ellos, Jorge A. Bustamante, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes desde 2005, que expuso una visión crítica de la Directiva de Retorno y consideró una “incongruencia” que el Gobierno español la haya aprobado. Por otro lado, organizaciones como Cáritas participaron en este foro aportando su experiencia en materia migratoria.

Criminalización de los migrantes

“Esta directiva es un retroceso, una escalada en la criminalización de los migrantes, que no son criminales. Se trata de una vuelta atrás en las conquistas de los derechos de los migrantes que se habían alcanzado”, dijo Bustamante en el III Foro Social Mundial de las Migraciones, celebrado en Rivas Vaciamadrid.

Bustamante también se refirió en uno de los plenarios a la “situación de terror” que sufren los doce millones de personas migrantes que viven en situación irregular en Estados Unidos.

El relator de la ONU, quien cuenta con una trayectoria de treinta años como investigador especialista en migraciones y ha publicado más de 200 trabajos científicos en la materia, en particular sobre la inmigración desde su país (México) a Estados Unidos, precisó: “Esta situación es una realidad, la he visto, vivo en la frontera, he hablado con los migrantes, que me han expresado sus sentimientos de terror porque les pueden arrestar a partir del color de su piel, que les hace sospechosos de ser irregulares”. En los últimos años en Estados Unidos ha aumentado la deportación de migrantes en situación irregular en este país.

Experiencia de Cáritas en Líbano

Durante la ceremonia de apertura del Foro, el obispo brasileño Demetrio Valentino unió su voz a las del resto de los ponentes para denunciar la Directiva de Retorno recientemente aprobada por el Parlamento Europeo. “Los inmigrantes son profetas de cambio”, dijo monseñor Valentín. Tras él habló Francois Houtart, sacerdote belga fundador del Centro Tricontinental y de la revista “Alternatives Sud”, quien destacó que el actual sistema económico imperante hace que el 20% de la población mundial consuma el 84% de los recursos. “De este modo –señaló-- favorece los movimientos migratorios, y al mismo tiempo intenta frenarlos hasta el punto de criminalizarlos”.

Uno de los aspectos que Cáritas destacó en los seminarios en los que participó es la realidad de las migraciones Sur-Sur. Líbano es uno de los países que absorbe varios miles de migrantes de distinta procedencia en situación vulnerable. Marie Martin y Joelle Jhoury vinieron de Cáritas Libanesa para participar en el Foro.

Según explicaron ambas trabajadoras sociales, en Líbano hay 400.000 refugiados palestinos, 50.000 iraquíes, y alrededor de 160.000 personas procedentes de varios países asiáticos –especialmente Filipinas, Sri Lanka, India y Bangladesh-, en su mayoría mujeres que llegan al país de los cedros con promesas de un empleo como trabajadoras domésticas y que a menudo terminan viviendo en  situaciones de semi-esclavitud.

La situación de las mujeres migrantes en Líbano tiene enormes complicaciones que exigen respuestas bien pensadas y arriesgadas. Según la legislación del país, no tienen derechos laborales como tal, y están regidas bajo un régimen especial conocido como “kefala”, por el que el empleador contacta a una agencia que se ocupa de contratarlas en sus países de origen por un mínimo de dos años y que se convierte en un verdadero tutelaje. El patrón, que tiene que correr con todos los gastos, incluidos los de repatriación, a menudo retiene el pasaporte de la mujer empleada de hogar como seguridad para que no se marche antes de tiempo. Debido a las durísimas condiciones laborales muchas de ellas se marchan de la casa donde se las emplea, y su situación de falta de documentación, unida al hecho de no conocer la lengua, las convierte en fácil presa para la policía, que las interna en centros de detención. También están obligadas a pagar una multa que suele superar los 500 dólares.

Las Cáritas de Mauritania y Tailandia destacaron la inmigración Sur-Sur

Los medios de comunicación del mundo occidental suelen destacar la venida de inmigrantes de los países del sur a los países europeos. Pero uno de los datos repetidos durante el Tercer Foro Social Mundial de las Migraciones es que el 80% de las migraciones que se dan en el mundo corresponden a movimientos de sur a sur, es decir, de países pobres a sus vecinos más inmediatos.

Dos trabajadores de Cáritas en Mauritania y Tailandia que participan en el Foro explicaron esta realidad.

Chloé Charrondière, de Cáritas Mauritania, describió la realidad de los inmigrantes subsaharianos en la ciudad norteña de Nuadibú, desde hace muchos años punto de partida de cayucos que realizan la arriesgada travesía de 800 kilómetros hasta Canarias. Según datos de la media luna roja de Mauritania,  entre 700 y 800 personas (unas 10 barcas por día) se embarcaban a diario en este viaje que para muchos ha terminado en una trágica muerte en alta mar.

“Hoy, tras la firma de algunos acuerdos entre Mauritania y España, el flujo de inmigrantes por mar ha disminuido y los controles han aumentado”, explicó Chloé, quien mencionó también que Mauritania abrió en abril de 2006 un centro de internamiento para extranjeros –con financiación del gobierno español- conocido popularmente como “el Guantanamito”. “Pero la emigración hacia España no ha desaparecido del todo. Otros intentan partir desde más al sur, en Senegal, donde la distancia con Canarias es de 2.000 kilómetros, lo que hace su viaje aún más peligroso”.

Este endurecimiento de las políticas migratorias se nota también en el aumento de los  controles de la policía entre los aproximadamente 40.000 subsaharianos que viven en Niadubú, la mayoría de los cuales proceden de países de África Occidental como Malí, Senegal, Nigeria, Guinea y Sierra Leona. “A pesar de que los ciudadanos de estos Estados no necesitan visado para entrar en Mauritania”, señala, “a veces basta que la policía le encuentre a uno con dos camisas y dos pantalones para ser considerado como sospechoso de querer emigrar en cayuco y ser tratado como tal”.

La Iglesia realiza una labor de acogida y apoyo a estos inmigrantes, sobre todo por medio de la Cáritas parroquial de Nuadibú, que presta ayuda humanitaria a mujeres con niños, así como asistencia legal e información sobre sus derechos a los que acuden a su centro. Chloé describe el perfil de la mayor parte de ellos: “Hombres jóvenes solteros, de los cuales la cuarta parte no han ido nunca a la escuela. También hay mujeres que intentan el arriesgado viaje a España para encontrarse con sus maridos que partieron un día”.

Muchos no consiguen realizar el viaje. No solo por los controles policiales, sino también por el elevado precio  que les exigen (unos mil euros). Al final, son muchas las personas que llegaron a Mauritania pensando en dar el salto a Europa y que terminan viviendo allí empleados en trabajos como pesca, servicio doméstico, empleados en tiendas” donde son fácilmente explotados. De esta forma, los que un día llegaron a Mauritania pensando que sería un país de tránsito terminan quedándose allí. “A algunas de estas personas les ayudamos en Cáritas con programas de microcréditos para que puedan comenzar pequeños negocios que les permita vivir con más dignidad”, concluye esta cooperante que vive el día a día de la acción social de la Iglesia con personas que sufren de vulnerabilidad y desarraigo.

Inmigrantes birmanos en Tailandia

Al otro lado del planeta, Tailandia recibe desde hace algunos años, grandes flujos migratorios de países vecinos más pobres como Laos, Camboya y sobre todo Myanmar (antes Birmania).

El padre Suwat Luangsaaval, responsable de Cáritas en la diócesis de Surat Thani en el sur del país, explica que aunque los datos oficiales hablan de 117.000 refugiados y 410.000 trabajadores inmigrantes birmanos, otros organismos no gubernamentales calculan que en realidad pasan de los dos millones. La mayor parte de ellos viven con el constante miedo de ser detenidos y deportados.

La isla de Park Nam, situada en el estuario de Mae Nam Chan, junto a la populosa ciudad de Ranong, está sólo a 30 minutos en barca de la ciudad birmana de Kawthang y es un continuo trajín de embarcaciones donde cada día van y vienen unos 4.000 birmanos que al llegar obtienen un pase de un día. Es imposible saber cuántos de ellos intentan probar su suerte y quedarse en la próspera Tailandia, un verdadero El Dorado para quienes proceden de Birmania (actualmente Myanmar). Muchos de ellos terminarán encontrando un trabajo en las industrias pesqueras, en el servicio doméstico, o en la hostelería, realizando los trabajos que la gente local rechaza. 

Tailandia, con 60 millones de habitantes, es el gigante económico del Sureste asiático. La vecina Myanmar, con 50 millones, es su vecino pobre y dominado además por una junta militar que gobierna con mano de hierro. Se comprende que muchos birmanos prefieran vivir bajo mínimos en Tailandia a quedarse en su país con pocas perspectivas de futuro. En muchas zonas turísticas trabajan en lugares poco visibles, en las cocinas o los servicios de limpieza de los hoteles. Aún está reciente la enorme conmoción que causó a la opinión pública de Tailandia un incidente ocurrido el pasado 10 de abril. En un puesto de control militar en la carretera que va de Ranong a Phuket paró un camión que transportaba un contenedor. Cuando los militares pidieron al conductor que abriera su carga dentro iban 120 inmigrantes birmanos, de los cuales 54 –en su mayoría mujeres y niños- habían muerto por asfixia. Desde entonces aumentaron las redadas y controles

La Iglesia católica en Tailandia, con su red de Cáritas en la que colabora la Comisión Episcopal de Migraciones y también congregaciones religiosas como los Camilos, los Jesuitas y los Maristas, ayuda a los inmigrantes birmanos con centros de salud, escuelas para los niños que no pueden matricularse en escuelas oficiales (por la condición de ilegalidad de sus padres) y asistencia legal. También lleva a cabo una intensa labor de defensa de sus derechos ante las autoridades y de sensibilización entre la población local.                                                                                                                    

Cáritas Española ha apoyado económicamente los programas de emergencia y rehabilitación para las poblaciones que fueron afectadas por el tsunami, entre las que se contaban comunidades “moken” y birmanas. Asimismo, ayuda el programa sanitario llevado adelante por los Padres Camilos que incluye a muchos inmigrantes birmanos sin acceso a otros servicios de salud.

Prensa: José Carlos Rodríguez Soto (91.444.10.21 - 666.10.37.55)

 Angel Arriví (91.444.10.16 - 619.04.53.81)

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